Por: Cecilia Merchán, diario Día a Día el 08 de Marzo de 2011
Por Cecilia Merchán, Diputada nacional por Libres del Sur.
Semana pasadas presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal al incorporar, dentro de los homicidios agravados, las muertes y lesiones de mujeres por parte de hombres en un contexto de violencia de género.
Semana pasadas presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone una modificación del Código Penal al incorporar, dentro de los homicidios agravados, las muertes y lesiones de mujeres por parte de hombres en un contexto de violencia de género.
No es para menos: el año pasado fueron asesinadas 260 mujeres en situaciones de violencia por el simple hecho de ser mujeres. Murieron baleadas, golpeadas, apuñaladas, degolladas, estranguladas, incineradas, descuartizadas, envenenadas, ahogadas, asfixiadas y hasta con hacha y machete.
Las cifras surgen del Observatorio Marisel Zambrano, una asociación civil que releva todos los casos que aparecen en los medios, y no de mediciones oficiales. Jamás sabremos el número exacto de mujeres que, como consecuencia de golpes o heridas, mueren en un hospital y entran en las estadísticas generales de “muerte por paro cardio respiratorio”.
Machista desde su conformación como tal, el Estado minimiza o ningunea en general esta problemática en todos sus niveles: la Policía, mal entrenada para abordar una cuestión que la sociedad considera –erróneamente– de la “esfera privada”, suele ignorar las denuncias, hacerse cómplice del victimario, culpabilizar a la víctima y realizar peritajes parciales que borran las huellas del agresor. A su vez, el Poder Judicial sufre de los mismos defectos. Los jueces no dan instrucciones claras a la Policía, tardan en dictar órdenes de exclusión y alejamiento, o las anulan sin motivos claros.
A esto agreguemos el escaso presupuesto –¡apenas ocho millones de pesos para todo 2011!– del que dispone el Consejo Nacional de la Mujer, que es el organismo competente encargado de diseñar las políticas públicas para implementar la Ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), que sancionamos en 2009 y cuya reglamentación vio la luz recién el año pasado.
Por todo esto, es necesario dar señales claras, tanto a la sociedad como al poder público: no podemos tolerar más muertes de mujeres por violencia de género. Incorporarlas al Código Penal como homicidio agravado es un mensaje claro tanto para el potencial victimario como para la Justicia.
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